lunes, 8 de mayo de 2017

La creación del estado franquista, fundamentos ideológicos y apoyos sociales

Aquí os dejo el tema del franquismo tal como puede ser preguntado para desarrollar el tema en Selectividad (en las preguntas cortas puede caer cualquier parte del tema entero). Me gusta porque está resumido y va a lo concreto. Está elaborado por Pedro Giménez.

LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA.
BASES IDEOLÓGICAS Y APOYOS SOCIALES.

a) La creación del Estado franquista. Bases Ideológicas.

1. Una dictadura personal.
Al morir Sanjurjo en Estoril el 20 de julio de 1936, los militares rebeldes nombraron al general republicano y masón Miguel Cabanellas como Presidente de la Junta de Defensa que gobernaba la zona sublevada y dirigía los asuntos militares. Sin embargo, tras la liberación del Alcázar de Toledo, la Junta de Defensa promulgó el Decreto 138/1936, de 29 de septiembre, por el que se nombra jefe del Gobierno del Estado español al Excmo. Sr. General de división don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. Aunque la propuesta inicial era nombrarlo sólo Jefe del Gobierno y Generalísimo “durante la guerra”, esta limitación temporal no apareció en el decreto promulgado. Por otra parte, Franco firmó ese mismo día sus primeras órdenes como Jefe del Estado, asumiendo un cargo que el decreto no le había concedido y demostrando así sus pretensiones totalitarias. Más tarde, el 1 de octubre de 1938, emularía el culto a la personalidad de los regímenes fascista y nazi de Italia y Alemania, en que sus líderes eran nombrados respectivamente como Duce y Führer, asumiendo el título de Caudillo de España por la Gracia de Dios.

2. Una dictadura totalitaria.
El carácter fascista y totalitario del régimen se definió desde que en diciembre de 1936 se militarizaron las milicias de Falange Española de las JONS y los requetés de Comunión Tradicionalista, paso previo a la unificación de los partidos fascista y carlista mediante el Decreto de unificación de FET de las JONS de 20 de abril de 1937, en cuyo artículo 2º se define al régimen con claridad meridiana como un “Estado totalitario”, caracterizado no sólo por una dictadura autoritaria, sino por la existencia de un partido único de tipo fascista, como explica en el artículo 1º de dicho decreto: “Esta organización intermedia entre la sociedad y el Estado tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a este el pensamiento de aquel”.
Al igual que en las dictaduras totalitarias fascistas y comunistas, el partido único contribuía a controlar el pensamiento único y colaboraba con el aparato represor del régimen, que comenzó a funcionar legalmente a partir del Decreto de 24 de junio de 1938 de Vicepresidencia del Gobierno delimitando las funciones de los delegados de Orden Público en relación con los gobernadores. Dicha represión fue organizada a partir de la Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas y la Ley de 1 de marzo de 1940 para la Represión de la Masonería y el Comunismo, y se consolidó mediante la creación de la brigada político-social mediante la Ley de 2 de septiembre de 1941 sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad. Como los regímenes totalitarios fascistas y comunistas el régimen de Franco contó así con un cuerpo policial especializado en la represión ideológica. De hecho, el número de personas que sufrieron la represión por motivos políticos en España fue muy superior al de Alemania e Italia. Se trataba, pues, de un Estado policial, no de un régimen autoritario como el de Miguel Primo de Rivera.
Por tanto, no cabe decir, al menos en los primeros años, que el régimen de Franco no fuera un Estado totalitario, sino autoritario, como ha planteado, por ejemplo, el historiador norteamericano Stanley Payne. En todo caso, habría que analizar si en los años posteriores se produjo una evolución del totalitarismo a un autoritarismo menos atroz.

3. Política social y económica de carácter fascista.
El Fuero del Trabajo, promulgado el 9 de marzo de 1938, inspirado en la Carta del Lavoro italiana, articulaba las relaciones entre empresarios y trabajadores mediante los sindicatos verticales, controlados por camisas viejas falangistas. La diferencia con respecto a las Corporaciones de la Dictadura de Primo de Rivera es que aquí no se permitía la existencia de otros sindicatos. Además, se instituía la Magistratura de Trabajo para juzgar los incumplimientos por parte de empresarios o trabajadores de la legislación laboral. Por otra parte, el Fuero del Trabajo se caracteriza por el paternalismo estatal.
La inspiración de la política económica franquista en los primeros años fue también de raigambre fascista: intervención del Estado en la economía, respeto a la propiedad privada y al mercado capitalista, imperialismo económico, autarquía. Sin embargo, la realidad de un país destruido por la guerra y con un millón menos de población, la mayor parte población activa, no era desde luego compatible con el ideal de autarquía fascista, directamente relacionado con la necesidad de dominar colonialmente a otros países, en los que vender la producción manufacturada y adquirir a buen precio las materias primas necesarias para el desarrollo. Como consecuencia de esta política económica fascista, la recuperación tardaría veinte años en producirse (muchísimo, si lo comparamos con los pocos años que tardaron Italia y Alemania en recuperarse económicamente de la II Guerra Mundial).

4. Evolución del régimen a partir de 1942.
La promulgación de la Ley de 17 de julio de 1942 Constitutiva de las Cortes hay que entenderla en el contexto internacional: la entrada de Estados Unidos en la guerra el 8 de diciembre de 1941 y las primeras derrotas del Eje (Batalla de Midway en junio, 1ª Batalla de El Alamein en julio). Franco pretendía aparentar ante Estados Unidos y Reino Unido que con estas «Cortes Orgánicas», formadas por miembros en su mayor parte nombrados directamente por Franco y miembros de las principales corporaciones del Estado (ex-ministros, rectores, magistrados...), el régimen evolucionaba hacia posturas menos fascistas. Lo mismo cabe decir de El Fuero de los Españoles, promulgado el 18 de julio de 1945, tras la capitulación de Alemania el 9 de mayo de 1945: pretendía simular una declaración de derechos. No era, claro está, más que un simulacro de reconocimiento de derechos y, en realidad, proponía un sistema político autoritario de carácter confesional, con la absoluta limitación y prohibición de las libertades democráticas básicas (asociación, reunión y expresión). El 21 de octubre de 1945 se promulgó la Ley de Referéndum, para completar el conjunto de normas que pretendían presentar al régimen como representativo en alguna manera, en los años de máximo aislamiento, acordado por la ONU en 1946 de manera solemne. Finalmente en 1947 fue sometida a plebiscito la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, por la que se confirmaba a Franco como Jefe de Estado vitalicio, se transformaba a España en un reino y se le reservaba el derecho de nombrar sucesor dentro de la familia real borbónica.
Sin embargo, en 1958, sin previa deliberación en las Cortes, Franco promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional, por la que todos los cargos y funcionarios estaban obligados a jurar sus Principios Fundamentales. Se trataba de una confirmación del carácter dictatorial y totalitario del régimen que sorprendió a los que habían visto signos de apertura en los años cincuenta. En 1967, la Ley Orgánica del Estado introdujo algunas novedades funcionales como la separación de los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, y como la participación del tercio familiar en las elecciones de procuradores a Cortes (siempre miembros del partido único), pero lo que tan sólo había cambiado era en realidad la política económica: el carácter plenamente dictatorial y totalitario no se modificó. De hecho, aunque un órgano civil, el Tribunal de Orden Público, asumió en 1963 las funciones represoras del antiguo Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, la represión siguió en manos de la policía política del régimen, la Brigada Político Social.

b) Los apoyos sociales:

Aunque la Falange fuera durante la II República un partido minoritario sin capacidad para obtener representación electoral, el triunfo de Franco la convirtió en un partido de masas y fueron muchos los que se afiliaron, alcanzando cifras que ningún partido republicano había obtenido anteriormente, y los que enviaron a sus hijos a los campamentos de verano de la Falange, donde los agrupaban por edad con nombres supuestamente heroicos: Flechas y Pelayos. Sin embargo, exceptuando unos pocos obreros renegados que se apuntaron a los sindicatos verticales para obtener prebendas, el régimen no tenía apoyos en las clases populares. Los apoyos sociales de que dispuso el franquismo desde el primer momento fueron:


  • La antigua aristocracia, que había visto como la República le expropiaba sus tierras, y otros grupos minoritarios defensores de la monarquía.
  • La clase capitalista: se trata de grupos económicos que con la victoria vieron recuperados sus posiciones de poder y privilegios, como los banqueros, los industriales, los terratenientes y los grandes comerciantes. Algunos, como el banquero Juan March, habían financiado al ejército franquista durante la guerra.
  • El Ejército, que pasó a actuar como un poderosísimo grupo de presión e intereses. Eliminados físicamente los militares republicanos, los que quedaron eran claramente partidarios del régimen. La fidelidad de las Fuerzas Armadas fue la condición esencial de la supervivencia política. De hecho, la Asociación de Ex-Combatientes fue hasta el final del franquismo la valedora del sector más extremista, el denominado "Bunquer".
  • Sectores amplios de las clases medias urbanas y del pequeño campesinado en las regiones centrales del país, profundamente católicas, representantes del orden y el respecto a los valores tradicionales de España, fueron durante mucho tiempo el apoyo social de masas que el franquismo requería. 
  • La Iglesia cumplió durante mucho tiempo el papel legitimador del régimen, obteniendo a cambio numerosos privilegios en la vida social, la enseñanza y la moral pública. Desde el principio de la guerra apoyó a los golpistas calificando su rebelión de “Cruzada”. Con la firma del Concordato del Estado Español con la Santa Sede en 1953, la Iglesia obtuvo importantes concesiones en educación así como la presencia del estamento eclesiástico en las altas instituciones del régimen. Hubo, sin embargo, serias discrepancias con el catolicismo catalán y vasco. Desde 1957, en que fue cesado el ministro de Educación Ruiz Jiménez, representante de la familia católica del franquismo, algunos sectores del catolicismo, liderados por el ex-ministro, evolucionaron hacia la democracia cristiana europea (muy importante en Italia y Alemania). A partir del Concilio Vaticano II surgieron sectores católicos de izquierdas opuestos al régimen. Nunca, sin embargo, perdió Franco el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia, como el Opus Dei, que obtuvo importantes parcelas de poder en los años sesenta y setenta, con el apoyo de Carrero Blanco.